La IA generativa ya es útil en el trabajo jurídico diario: resumir un expediente de cientos de páginas, comparar dos versiones de un contrato, localizar en vuestros propios escritos cómo argumentasteis un caso parecido o transcribir una reunión. Son tareas de lectura y búsqueda que consumen horas de abogados con experiencia y que un modelo bien configurado acelera, siempre con un profesional revisando el resultado.
El problema es el destino de los datos. El Estatuto General de la Abogacía Española y el Código Deontológico obligan a guardar secreto sobre todo lo que el cliente confía a su abogado. La Circular 3/2026 del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), aprobada el 10 de abril de 2026, admite la IA generativa como herramienta auxiliar bajo supervisión humana, recuerda que la responsabilidad sigue siendo del abogado y trata la introducción de datos de clientes en una IA de terceros como un tratamiento sujeto al RGPD, con el secreto extendido al proveedor técnico. Pegar un contrato en un chat público alojado fuera de la UE difícilmente encaja en ese marco.
Nuestra respuesta es sencilla: los modelos corren en nuestras GPUs, en Madrid, operadas por un equipo propio en España. Sabéis dónde está cada documento, quién puede acceder y qué contrato lo cubre. Podéis empezar con una fracción de GPU o un endpoint privado y crecer a un entorno dedicado; los precios son públicos en precios y el detalle técnico está en infraestructura. Los cambios normativos que afectan al sector los seguimos en el radar regulatorio.